“Esta clase de violencia es la más callada, la más oculta, la más
invisibilizada y por lo tanto la más impune”, dijo en una entrevista
Marcela Suazo, directora regional para América Latina y el Caribe del
Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Los números lo confirman.
Según la gubernamental Fiscalía General de la República de El
Salvador, entre comienzos de 2008 y julio de 2010, fueron presentadas
8.108 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las que
apenas seis por ciento concluyeron con sentencia condenatoria.
En Nicaragua, la situación fue parecida. En 2008, ingresaron a los
tribunales 1.133 denuncias por violencia sexual, pero solo 56 por ciento
de los casos fueron resueltos. De estos, 70 por ciento resultaron
sobreseidos, 15 por ciento concluyeron en absolución y apenas 15 por
ciento se cerraron con condena al agresor.
Una multiplicidad de factores rodean estas cifras sombrías que se
repiten en los países de la región mesoamericana, que abarca desde el
sudeste mexicano, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá donde habitan más de 70 millones de personas.
La falta de denuncias por vergüenza o temor de la víctima, la falta
de respuesta efectiva de las autoridades y el sistema desigual del
poder entre los hombres y las mujeres son algunos de ellos, según
Suazo.
Las principales víctimas continúan siendo las menores de edad. “Las
niñas y adolescentes entre 12 y 18 años de edad es el grupo de población
más afectado por la violencia sexual”, acosadas a menudo por
familiares o personas cercanas al entorno familiar, dijo la experta.
“Por lo tanto, se debe reforzar el acceso a información y educación, a
la justicia con servicios interdisciplinarios desde el ámbito de la
salud, la policía, el acompañamiento del peritaje judicial y asegurar un
proceso legal oportuno y efectivo”, explicó.
Esta serie de dificultades y observaciones están plasmadas en el
informe Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en
Mesoamérica 2011, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), con especial énfasis en los casos de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
A pesar de las dificultades que supone para la mujer acceder a la
justicia en los casos de violencia sexual, el estudio también evidencia
algunos avances en la región.
La relatora de los Derechos de le Mujer de la CIDH, Tracy Robinson,
dijo a IPS que la adopción de leyes integrales contra la violencia
hacia las mujeres y la creación de nuevas instituciones con perspectiva
de género dentro de la administración de justicia son algunos
progresos.
También citó “la introducción de políticas y protocolos para guiar
las acciones de todos los que deben asegurar la justicia y proteger a
la víctima, y el desarrollo de abordajes integrales para proteger y
garantizar su protección y bienestar”.
A la vez, Robinson admitió que “muchas, muchas mujeres” aún no tienen
acceso a la justicia en casos de violencia sexual, de modo que “los
niveles de impunidad para violencia sexual se mantienen muy altos”.
“Una de nuestras mayores preocupaciones es la situación de las niñas
que están en particular riesgo y de las mujeres pobres que habitan en
zonas rurales, porque la búsqueda de justicia para ellas implica un
costo económico, sobre todo, si no viven cerca de donde se proveen los
servicios legales”, agregó.
Ángela Acevedo, coordinadora de la secretaría técnica de género del
Poder Judicial de Nicaragua, relató a IPS que su país ha logrado algunos
avances en materia de acceso a la justicia para mujeres víctimas de la
violencia sexual.
“En 2004, la proporción de casos que llegaban a sentencias
condenatorias era de 10 por ciento, mientras que en 2010 las sentencias
alcanzaron un 15 por ciento. Es decir que hay una mejora en el acceso a
la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual”, dijo.
Pero, además, Nicaragua ahora tiene la esperanza de mejorar
sustancialmente esas cifras, tras la aprobación de la Ley Integral
Contra la Violencia hacia la Mujer, el 26 de enero.
Esta norma, que entra en vigencia este mes, tipifica los delitos de
feminicidio (asesinato por razón de género), penaliza la violencia
física, psicológica, patrimonial, económica, laboral, el delito de
sustracción de hijos e hijas y la violencia en el ejercicio de la
función pública contra las mujeres.
Sin embargo, los desafíos aún son grandes.
“La tolerancia social existente genera la falta de apoyo a la
investigación en el caso específico del aporte de pruebas, la
revictimización de las víctimas en el sistema de justicia y la falta de
sensibilidad social para con ellas”, elementos que obstaculizan el
esclarecimiento de los casos, según Acevedo.
Silvia Rosales, magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia,
dijo a IPS que Mesoamérica ha mejorado también en la articulación de
esfuerzos entre la policía, el Ministerio Público (fiscalía) y los
jueces para perseguir los delitos sexuales.
Sin embargo, “hacen falta recursos económicos y la formación de jueces y fiscales en la materia”, reconoció.
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