“Esta clase de violencia es la más callada, la más oculta, la más invisibilizada y por lo tanto la más impune”, dijo en una entrevista Marcela Suazo, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Los números lo confirman.

Según la gubernamental Fiscalía General de la República de El Salvador, entre comienzos de 2008 y julio de 2010, fueron presentadas 8.108 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las que apenas seis por ciento concluyeron con sentencia condenatoria.

En Nicaragua, la situación fue parecida. En 2008, ingresaron a los tribunales 1.133 denuncias por violencia sexual, pero solo 56 por ciento de los casos fueron resueltos. De estos, 70 por ciento resultaron sobreseidos, 15 por ciento concluyeron en absolución y apenas 15 por ciento se cerraron con condena al agresor.

Una multiplicidad de factores rodean estas cifras sombrías que se repiten en los países de la región mesoamericana, que abarca desde el sudeste mexicano, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá donde habitan más de 70 millones de personas.

La falta de denuncias por vergüenza o temor de la víctima, la falta de respuesta efectiva de las autoridades y el sistema desigual del poder entre los hombres y las mujeres son algunos de ellos, según Suazo.

Las principales víctimas continúan siendo las menores de edad. “Las niñas y adolescentes entre 12 y 18 años de edad es el grupo de población más afectado por la violencia sexual”, acosadas a menudo por familiares o personas cercanas al entorno familiar, dijo la experta.

“Por lo tanto, se debe reforzar el acceso a información y educación, a la justicia con servicios interdisciplinarios desde el ámbito de la salud, la policía, el acompañamiento del peritaje judicial y asegurar un proceso legal oportuno y efectivo”, explicó.

Esta serie de dificultades y observaciones están plasmadas en el informe Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica 2011, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con especial énfasis en los casos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

A pesar de las dificultades que supone para la mujer acceder a la justicia en los casos de violencia sexual, el estudio también evidencia algunos avances en la región.

La relatora de los Derechos de le Mujer de la CIDH, Tracy Robinson, dijo a IPS que la adopción de leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres y la creación de nuevas instituciones con perspectiva de género dentro de la administración de justicia son algunos progresos.

También citó “la introducción de políticas y protocolos para guiar las acciones de todos los que deben asegurar la justicia y proteger a la víctima, y el desarrollo de abordajes integrales para proteger y garantizar su protección y bienestar”.

A la vez, Robinson admitió que “muchas, muchas mujeres” aún no tienen acceso a la justicia en casos de violencia sexual, de modo que “los niveles de impunidad para violencia sexual se mantienen muy altos”.

“Una de nuestras mayores preocupaciones es la situación de las niñas que están en particular riesgo y de las mujeres pobres que habitan en zonas rurales, porque la búsqueda de justicia para ellas implica un costo económico, sobre todo, si no viven cerca de donde se proveen los servicios legales”, agregó.

Ángela Acevedo, coordinadora de la secretaría técnica de género del Poder Judicial de Nicaragua, relató a IPS que su país ha logrado algunos avances en materia de acceso a la justicia para mujeres víctimas de la violencia sexual.

“En 2004, la proporción de casos que llegaban a sentencias condenatorias era de 10 por ciento, mientras que en 2010 las sentencias alcanzaron un 15 por ciento. Es decir que hay una mejora en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual”, dijo.

Pero, además, Nicaragua ahora tiene la esperanza de mejorar sustancialmente esas cifras, tras la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, el 26 de enero.

Esta norma, que entra en vigencia este mes, tipifica los delitos de feminicidio (asesinato por razón de género), penaliza la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, laboral, el delito de sustracción de hijos e hijas y la violencia en el ejercicio de la función pública contra las mujeres.

Sin embargo, los desafíos aún son grandes.

“La tolerancia social existente genera la falta de apoyo a la investigación en el caso específico del aporte de pruebas, la revictimización de las víctimas en el sistema de justicia y la falta de sensibilidad social para con ellas”, elementos que obstaculizan el esclarecimiento de los casos, según Acevedo.

Silvia Rosales, magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia, dijo a IPS que Mesoamérica ha mejorado también en la articulación de esfuerzos entre la policía, el Ministerio Público (fiscalía) y los jueces para perseguir los delitos sexuales.

Sin embargo, “hacen falta recursos económicos y la formación de jueces y fiscales en la materia”, reconoció.

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